La Defensoría del Pueblo recibió, desde 2022 hasta agosto de este año, 1.570 denuncias sobre omisión de este derecho.
(La Razón – 01-10-2023) Mientras aguarda su turno en el centro médico, Rosa revisa los papeles de su mano, “la señorita me dijo qué es, pero me explicó muy rápido”, cuenta. La mujer de 68 años busca respuestas en medio de decenas de personas que esperan ser atendidas.
Para recibir la atención y pagar el saldo de la cuenta de un familiar le pidieron llenar unos documentos, los cuales ahora mantiene en su mano sin saber cómo avanzar.
Historias de adultos mayores como ésta son solamente algunas de las miles que suceden a diario en el país. La Defensoría del Pueblo ha recibido 1.570 denuncias —de un total de 5.579 entre 2022 y agosto de la actual gestión— sobre el que resulta ser el derecho de los ancianos más vulnerado: el de una vejez digna.
“El tema de dignidad en sí es integral, porque es primero el derecho a vivir en un hogar con protección, a vivir en condiciones idóneas, de asistencia, de atención en salud”, explicó, en entrecista con La Razón, la jefa de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Lourdes Cortez.
Las cifras prueban que al país le queda aún un largo recorrido para brindar a esta población vulnerable un trato digno, tanto en la comunidad, con la oportunidad primordial de transporte para un adulto mayor, hasta dentro del propio hogar, brindando la asistencia y la protección necesarias.
“Todo el concepto de dignidad en sí aglutina estos tipos de derechos. Cuando vemos, por ejemplo, el tema de abandono, que no haya políticas de Estado que posibiliten que el adulto mayor pueda precisamente acceder de forma integral al ejercicio de sus derechos”.
TRATO
El derecho a una vejez digna implica procurar el desarrollo integral, una vida libre de violencia y sin discriminación, así como el trato preferente en el acceso a los servicios en toda institución pública y privada. Pero además, conlleva una responsabilidad de la familia y la comunidad.
“Le gente vive apurada, correteando y se aburren cuando ven a un viejo caminando o preguntando. El otro día he ido a pasear con mi hijo a la 16 de Julio, pero al volver a mi casa ya no encontraba minibús. Estaban esperando hartas personas y a empujones había que subir”, relata Julio Torres, de 72 años, mientras hace sus compras habituales en el mercado de Villa Dolores, en El Alto.
Según los datos de la Defensoría del Pueblo, el segundo derecho de los adultos mayores más vulnerado es a la propiedad individual y patrimonio, con 1.150 denuncias. Por este problema, ancianos se quedan sin un hogar y en completo estado de desprotección.
“Lastimosamente lo vemos incluso por parte de los hijos; en el tema de las deudas también hay excesos, porque hay personas que se aprovechan, inclusive haciendo firmar documentos en blanco, quitándoles sus departamentos o no pagarles los alquileres, porque hay adultos mayores que viven de los alquileres”, indicó Cortez.
En casos extremos, adultos mayores se han quedado sin su hogar. “Particularmente está el tema del despojo. En el área rural también está mucho el tema de la amenaza de despojo, porque no han cumplido con los deberes comunales y, en muchos casos, lastimosamente por la edad y salud hay personas que no pueden cumplir con ciertos deberes comunales”.
En tanto que en tercer lugar en cuanto a cantidad de denuncias se encuentra la vulneración a las garantías del debido proceso, con 988. Asimismo, del total de 5.579 casos registrados por la Defensoría del Pueblo contra esta población vulnerable, 3.323 corresponden a La Paz y 449 a Santa Cruz.
La entidad hizo un llamado al Estado, la familia y la comunidad para generar una mayor protección que procure que los adultos mayores logren el ejercicio pleno de sus derechos y una vejez digna. Y sus observaciones llegaron a las propias instituciones que son llamadas, en la mayoría de los casos, a servir de apoyo a esta población.
Las alcaldías, que deben brindar un servicio puntual a los ancianos, figuran en los datos de la Defensoría como las instituciones con más denuncias, con 831 entre enero de 2022 y agosto de la actual gestión. En segundo lugar se encuentra el Órgano Judicial, con 262 casos.
“Generalmente es por la falta de atención en las unidades del adulto mayor, porque en realidad es la única instancia que, desde la política de Estado, debe garantizar, inclusive si nosotros revisamos la normativa en relación a las obligaciones que tienen los gobiernos municipales, no solo estamos hablando de la atención de casos, estamos hablando de políticas que beneficien a los adultos mayores”, complementó Cortez.
Rosa no sabía a quién acudir mientras revisaba los papeles en su mano. El ajetreo entre decenas de pacientes transcurría, hasta que una funcionaria notó su confusión y empezó a ayudarla. “Solo eso necesitaba”, dice la anciana.
Instancias como alcaldías, el Ministerio de Justicia y la Defensoría ofrecen guía y ayuda a los ancianos. Hoy se recuerda el Día Internacional de las Personas de Edad, establecida por las Naciones Unidas en diciembre de 1990.
En centros de acogida, observan abandono y falta de regulación
Con el problema sobre la mesa, desde el Gobierno y la Defensoría del Pueblo se asumen dos estrategias para procurar el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, al margen de la atención de casos, desde un ámbito correctivo y de una prevención comunitaria.
El primer paso fue identificar los principales problemas.
“Hemos ido analizando las causas o las problemáticas estructurales, por ejemplo, en lo que va de la gestión hemos alcanzado ya siete de nueve departamentos en las visitas de los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores”, explicó a La Razón la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
En los establecimientos se hizo una revisión de las condiciones y el tipo de población albergada.
“De las problemáticas más preocupantes que hemos encontrado están el tema de abandono, soledad, el de la existencia de muchas personas adultas mayores con enfermedades psíquicas o de degeneramiento cognitivo que están afectando su grado de independencia, y eso genera que vivan con cada vez mayor grado de dependencia respecto a las personas que están a cargo de su cuidado”.
Esto respecto de los centros públicos que “debieran ser administrados por el Estado o al menos tener una suerte de supervisión por parte de los departamentos”; no obstante, también se detectaron problemas en los que son de administración privada.
CONTROL.
“En los centros privados o los de convenio, la supervisión que se realiza por parte de los entes rectores departamentales es mínima, si es que no fuese nula, tomando en cuenta de que no existen normas de acreditación o de caracterización de este tipo de centros y es evidente, tomando en cuenta la vulnerabilidad del tipo de adultos mayores que tenemos, que eso genera mayor preocupación”, afirmó la viceministra.
Ante este diagnóstico preliminar, el Gobierno y la Defensoría del Pueblo trabajan en un ámbito correctivo y de prevención.
Cruz detalló que, ante el problema de acceso a la justicia, se trabajó en una guía para ancianos, y sobre el tema de acceso a salud y medicamentos se reactivó una mesa nacional de emergencia sanitaria con enfoque especial.
Además, la Defensoría trabaja en formar e impulsar, entre los propios adultos mayores, promotores y protectores de los derechos. El acercamiento con esta población es fundamental para esta entidad.
