«Esos hechos delictivos son producto de la desinstitucionalización de la Policía desde 2006, debido a la injerencia política», señalan uniformados del servicio pasivo
(El Deber – 06-06-2022) Desde la detención de exjefe antidroga Maximiliano Dávila, ocurrida el 23 de enero, hasta el encarcelamiento del capitán de la Policía Javier Alberti Uzqueda, el viernes 3 de junio, suman unos 14 efectivos policiales implicados en hechos ilícitos, como narcotráfico, enriquecimiento ilícito, robo de vehículos y otros.
El capitán Alberti fue denunciado por el investigador chileno del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) Robados, Hugo Bustos, de intentar vender, a través de redes sociales, un vehículo (casa rodante) robado en Chile. El motorizado fue encontrado al interior del Regimiento Mejillones, en Huachacalla (Oruro). El oficial fue trasladado el miércoles, vistiendo su uniforme, desde Santa Cruz de la Sierra a La
Paz, donde radica la denuncia en su contra.
Según informaciones suministradas durante las investigaciones, el efectivo policial estuvo tres años en la cárcel por tráfico de drogas. También se conoce un video en el que Alberti aparece junto a un delincuente conocido con el apodo de “el paquistaní”, a quién le exigía la suma de $us 5.000 para devolver un coche robado.
El viernes, el Juzgado 1ro. Anticorrupción envió a Alberti a la cárcel de San Pedro, de La Paz, por cuatro meses sindicado por el comercio de vehículos robados en Chile. El imputado negó que estuviera involucrado en ese hecho y acusó al excoronel Iván Rojas de montar este caso, quien ahora se encuentra en Chile desde 2020, lugar al que huyó tras activarse varios procesos en su contra.
Este es la segunda denuncia, en dos meses, que presenta el investigador chileno sobre policías bolivianos involucrados con mafias dedicadas al robo de vehículos en Chile y que posteriormente son vendidos en Bolivia. A comienzos de mayo detectaron una camioneta reportada como robada en Calama y apareció en una playa de venta de motorizados en Yapacaní. Por ese hecho fue acusado el comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, teniente coronel Raúl Cabezas, quien tenía antecedentes de violencia a la mujer. También se involucró al entonces subdirector de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos en Santa Cruz (Diprove), Rolando Téllez.
El investigador chileno dijo que en el informe colocaron que la denuncia en contra del capitán Alberti corresponde a un caso de influencias de corrupción política y policial al más alto nivel. “Me dicen que el hermano del policía es concejal en el municipio de Santa Cruz y por ahí tiene también otro tipo de influencias”, afirmó el director de GBV, en entrevista con Red Uno.
Según Hugo Bustos, es probable que el capitán de la Policía involucrado en el caso de robo de vehículos tenga influencia política del MAS y habría gozado del “padrinazgo” de su hermano, concejal de Santa Cruz, José Alberti Uzqueda.
Sin embargo, José Alberto Uzqueda, concejal por la alianza opositora Comunidad Autonómica (C-A) y hermano del policía imputado, reclamó que el investigador chileno lo haya mencionado como si él fuera “padrino” de su hermano y que tenga supuestos vínculos con el MAS, cuando en su trayectoria política siempre fue contestatario al oficialismo.
Confesó que su familia está afectada, sobre todo su madre de avanzada edad, que lamenta las acusaciones contra sus dos hijos. Aseguró que no ve a su hermano hace 16 años, aunque no declaró el motivo del alejamiento.
“Si mi hermano cometió una falta para eso están las instancias de investigación, tanto internas y de la justicia ordinaria”, manifestó José Alberti.
Al concejal le incomoda que intenten asociarlo con el MAS, desde el investigador chileno hasta los medios “amarillistas”, porque considera que esto afecta a su carrera política. Cree que todo está digitado por altas cúpulas del partido azul para desplazarlo de cualquier posibilidad de candidatear a futuro.
“Hemos estado observando de cerca todas las denuncias y lo que vemos es que no tienen pruebas suficientes en mi contra, más allá de una foto publicada en el Facebook con mi hermano. Esas no son pruebas contundentes”, refutó el concejal a tiempo de exigir una disculpa pública al investigador chileno.
Policías en la mira
El 23 de enero de este año, Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas durante el último periodo de gobierno del expresidente Evo Morales, fue detenido en la frontera con Argentina por sospechas de vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito.
La aprehensión se produjo después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera, el 2 de febrero, una recompensa de $us 5.000 a la persona que ofreciera información que permitiera la captura de Dávila, acusado por narcotráfico por un tribunal de Nueva York. Actualmente, el exdirector nacional de la Felcn se encuentra en la cárcel de San Pedro acusado por enriquecimiento ilícito.
El año pasado fue arrestado en Colombia Oscar Rojas, un mayor retirado de la policía boliviana acusado de tráfico internacional de drogas. Formaba parte de una red internacional junto a Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, que cayó el Perú. Rocas Suárez ya cumplió una pena de 27 años en una cárcel de Estados Unidos por el mismo delito.
A inicios de abril, el coronel Yerko Terán, el excomandante de la Unidad Móvil de Patrullaje (Umopar) de Chimoré denunció un supuesto encubrimiento al narcotráfico con registros de audios. Tras este hecho, se destituyó al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) José María Velasco y se ordenó intervenir la fuerza para someter a la prueba del polígrafo al 100% de uniformados.
En los audios se apuntó a Velasco y al director de Umopar, Franco Jaime Arancibia, como responsables de las órdenes para frenar un operativo contra el narcotráfico en Valle Sacta, del Chapare.
El 23 de abril, un juzgado de La Paz decidió encarcelar a ocho policías antidroga por la “desaparición” de 800 kilogramos de cocaína.
Análisis
A decir del exoficial jubilado de la Policía y politólogo Waldo Panozo, estos hechos delictivos son producto de la desinstitucionalización de la Policía desde 2006, debido a la injerencia política.
“Desde ese año han crecido las actividades más lucrativas, como el narcotráfico y el contrabando. Los últimos casos criminales que hemos visto han sido una arremetida y fue desde la detención del coronel Dávila”, afirmó policía en contacto con EL DEBER.
Desde su análisis, cuando la justicia captura al exjefe antidroga se comenzó a visibilizar con más fuerza una división del oficialismo lo cual repercutió en la Policía “porque nada puede funcionar sin la seguridad interna del Estado”.
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la situación que enfrenta la Policía es preocupante porque su misión es defender la sociedad y algunos “malos coroneles y malos elementos están manchando el nombre de la institución”.
Ante la consulta si esta crisis institucional está relacionada con la injerencia política a la que hace referencia Panozo, dijo que es “una irresponsabilidad absoluta” mencionar aquello.
El también ex ministro Moldiz lamentó que por procedimientos “tan complejos a veces dentro de la Policía” no se concreten las bajas como el caso de Alberti que tenía acusaciones por extorsión y narcotráfico cuando era miembro de la Felcn.
