Según un informe de UNITAS, la estigmatización a periodistas y la falta de acceso a la información son recurrentes. También hubo 48 vulneraciones a la institucionalidad democrática y 47 al derecho a la protesta.
Página Siete / La Paz
(Página Siete – 09-05-2022) Mañana los periodistas recibirán su día sin mucho que celebrar. El observatorio Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) registró 61 vulneraciones a la libertad de prensa en lo que va del año en el país, de las que dos son las más recurrentes: la estigmatización a periodistas y el impedimento al acceso a la información, ambas con 16 casos registrados.
Otras cuatro vulneraciones recurrentes son las agresiones a periodistas (15 casos), amenaza a periodistas (siete), el ataque a un medio de comunicación (cuatro casos) y la censura (tres).
“En los últimos meses, quienes más se han visto involucrados en casos de estigmatización a los periodistas son exautoridades de Gobierno, como Evo Morales, Álvaro García Linera y el exministro Juan Ramón Quintana”, detalla en el informe.
“El primero (Morales), por ejemplo, acusó a los medios de comunicación: Unitel, Red Uno, El Deber y Página Siete de ser destructivos y los asemejó de ser ‘peor que la bomba atómica y la OTAN’. García Linera, por su lado y sin presentar pruebas, calificó de ‘golpistas’ a los diarios Página Siete, Los Tiempos y El Deber; y Quintana acusó a Página Siete, El Deber, Los Tiempos y radio Panamericana de ‘matar a la verdad’”, detalló la organización.
UNITAS puso como ejemplo las declaraciones de Quintana a los medios el pasado 27 de marzo, cundo dijo: “Sáquense de la cabeza lo que dice Página Siete, El Deber, Los Tiempos, Panamericana. Sáquense de la cabeza porque eso es basura y forma parte del campo de batalla. (Los medios) son las herramientas, son las armas del capitalismo”.
Este martes 10 de mayo se celebra el Día del Periodista en Bolivia y un informe de Reporteros Sin Fronteras ubicó al país en el puesto 126 (sobre 180) en lo que se refiere a la situación de la libertad de prensa. El organismo calificó como “difícil” la libertad de expresión.
Según UNITAS, en el aspecto referido al impedimento de acceso a la información, el Órgano Judicial aparece repetidamente como uno de los vulneradores en los últimos meses.
“El 28 de marzo, el administrador de la sala virtual del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz retiró a los periodistas de la audiencia de juicio del caso ‘Golpe II’ en contra de la expresidenta Jeanine Añez. El episodio se repitió el pasado 4 de abril, cuando periodistas de Correo del Sur, Los Tiempos, Página Siete y El Deber fueron excluidos de otra audiencia de este juicio”, detalla el informe de situación.
En cuanto a las agresiones a los periodistas, Unitas refiere que el pasado 4 de marzo en Santa Cruz, el periodista Paul Granillo y el camarógrafo Carlos Montenegro, ambos de la red Unitel, fueron agredidos verbalmente y amenazados por una persona cuando realizaban la cobertura del paro cívico.
En Cochabamba, el pasado 15 de marzo, los periodistas del diario Opinión Claudio Rojas y Nicole Vargas fueron agredidos y amenazados por vecinos del Distrito 9 cuando cercaron la Alcaldía en demanda de obras.
Sobre las amenazas, destaca que el periódico Página Siete recibió tres, entre marzo y abril. La primera fue del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que amenazó al diario con un juicio por una nota periodística publicada el martes 1 de marzo, basada en los testimonios de dos abogados que fueron tentados a realizar pagos indebidos para ser jueces.
La segunda provino del director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Luis A. Cabrera, quien anunció acciones legales contra el diario por un reportaje sobre los malls que se construyen en la Uyustus y la tercera fue del procurador Wilfredo Chávez, quien amenazó con “dar su dosis” al diario paceño.
Otro caso de amenaza se registró en Potosí, esta vez fue el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, quien intimidó con procesos judiciales a los medios de comunicación que investigaron su formación educativa de ciclo superior y la obtención del bachillerato.
