(Página Siete – 09-01-2023) El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, representa a uno de los polos radicales de la política boliviana y no es un líder que sea capaz de aglutinar a las fuerzas democráticas del país, sin embargo, su violenta detención y posterior envío a la cárcel de Chonchocoro ha despertado la indignación y protesta de una diversidad de sectores de la sociedad boliviana porque, en este caso, no se está defendiendo a un ciudadano en concreto, sino que se busca hacer prevalecer los valores democráticos y las libertades en Bolivia.
La actual protesta de Santa Cruz, que está unida al paro de 36 días del año pasado, demanda justamente la vigencia de esos principios y es una expresión más de la resistencia sostenida en contra del gobierno del MAS.
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El Gobierno se equivoca si cree que los líderes políticos, cívicos y sociales que exigen la libertad del gobernador cruceño lo hacen porque lo apoyan políticamente; en realidad es una protesta en contra de la persecución política, en contra del sometimiento de la justicia y en contra del autoritarismo en general.
Esta lucha, que tiene su epicentro en Santa Cruz, está cuestionando las bases mismas del modelo instaurado por el MAS desde hace más de 15 años y, que, según varios analistas consultados por este medio, está en proceso de descomposición.
En un artículo publicado este domingo en el suplemento Ideas, el analista Henry Oporto habla de la necesidad de un nuevo contrato social ante “la crisis de gobernabilidad y un conflicto de poder latente”.
Entre tanto, el especialista en administración pública, Gustavo Pedraza, en una entrevista también publicada este domingo en Página Siete, advierte que la constante conflictividad de Santa Cruz es la transición hacia el posmasismo y a un nuevo modelo de Estado, en el que se respeten los derechos humanos, la independencia judicial y la economía productiva.
A estas alturas, la conflictividad en Bolivia no tiene un inicio y un final determinados, sino que es una sucesión de malestar social y político que, día tras día, ahonda el cuestionamiento al gobierno de Luis Arce.
Por tanto, el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, la crisis política del 2019 y la instauración de la retórica del “golpe de estado” que ha llevado a la cárcel a una expresidenta, a un gobernador y un dirigente cívico son los hitos que encaminan al Gobierno del MAS hacia el fin de su ciclo.
Por eso es importante recordar que el 2019 no hubo golpe de Estado y que, por tanto, Jeanine Añez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho no deberían estar presos. Pedir la libertad de estas personas es defender la democracia.
