Aunque el Gobierno dice que no hay antecedentes, reportes de medios de comunicación dan cuenta del escándalo que surgió hace más de 15 años atrás con la DeGolyer and MacNaughton por el falseo de datos
(El País – 15-09-2022) Tras haberse destapado el pasado que ha tenido la consultora DeGolyer and MacNaughton Corp. (D&M) en el país durante el 2005, época en la que se advierte que falseó datos en un informe de certificación de reservas, desde el Comité Cívico de Tarija han manifestado que con estos antecedentes ya tienen un respaldo para exigir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la nulidad del estudio del factor de distribución del campo Margarita-Huacaya, que es compartido con Chuquisaca.
Cabe mencionar, que la información sobre el falseo de datos que realizó la D&M, ha sido rememorada por el Colegio de Ingenieros de Petróleo & Gas Natural de Tarija (CIP-TJA), que asegura que YPFB incluso había vetado a esta empresa. Sin embargo, esta información ha sido negada por el Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, señaló que esta información ratifica lo que se ha venido cuestionando al informe de la D&M, que a su parecer no goza de credibilidad ni confiabilidad porque no tiene un sustento técnico ni científico.
“Es increíble que una empresa de renombre internacional, según dicen, ya en el 2005 haya sido vetada por falsear datos. Lo que ahora se ha solicitado, también, es que se pueda certificar con datos reales, científicos, técnicos, lo que afirman en este su informe (de factor de distribución), donde nos afectan a la economía de los tarijeños, con un estudio que no tiene la confiabilidad ni la transparencia, porque no cuenta con los datos”, dijo Ávila.
El presidente cívico manifestó que con los antecedentes que tiene la consultora, con mayor razón el estudio del factor de distribución sobre el campo Margarita-Huacaya debe ser anulado.
Cuestionó a YPFB, que, cuando le conviene, manifiesta que la D&M es una empresa prestigiosa, sin embargo, en el pasado hasta llegó a rescindir contrato por supuestamente falsear información.
“Todo esto demuestra que no hay confianza en lo que se ha hecho, al margen que esta misma empresa en su informe dice que es pobre la información, y aun así han seguido adelante, aun así, nos están queriendo imponer este estudio que no tiene el sustento técnico ni goza de confianza por sus antecedentes”, apuntó.
Respecto a este tema, el delegado Presidencial en Tarija, Marcelo Poma, ha mostrado una postura similar a la expresada por el Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, al afirmar que no ha habido ningún veto a la empresa D&M.
“Yo lamento que tengamos que vivir sobre subjetividades, sobre apreciaciones antojadizas no demostradas, que a veces causan zozobra o pretenden desprestigiar la labor del Gobierno. Como Gobierno Nacional nosotros hemos tratado de ser totalmente serios, en licitar el estudio, se han presentado muchas consultoras y ha sido adjudicada la que mejor propuesta ha hecho, la que mejor aspecto técnico garantizaba, la que tenía mayor experiencia”, mencionó Poma.
Entre tanto, el gobernador de Tarija, Oscar Montes, sin referirse necesariamente a los antecedentes de la empresa D&M, expresó que la preocupación pasa por la actuación de YPFB, que no ha sido imparcial.
“Yacimientos ha tenido una actitud, en nuestro criterio, poco objetiva, poco imparcial, podríamos decir que ha sido parcializada a favor de Chuquisaca y eso lo podemos ver, porque con Chuquisaca estuvieron las veces que ellos han requerido, aquí (a Tarija) solo han llegado para ver dónde nació el uno, si era capacitado, es decir, nos han venido a criticarnos, a tratar de justificar lo que ellos estaban haciendo”, manifestó.
Medios escritos reflejaron irregularidades de la D&M
Frente a la denuncia realizada por el presidente de la CIP de Tarija, Juan Carlos Gareca, quien ha advertido que la D&M había sido vetada por YPFB, información que fue desmentida por el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta. El País, en una revisión de la información publicada por medios de comunicación en aquel periodo, 2005-2007, ha podido constatar que exautoridades nacionales confirmaron las irregularidades de la consultora extranjera.
En mayo de 2007, la ANF publicó una nota titulada: “El país tiene 29 TCF de reservas en gas natural”, en ese entonces, el que era ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, refiere que hubo un “contubernio” entre las petroleras y la certificadora de reservas De Golyer & Mc Naughton. Afirmó que “algo raro” ocurrió en la reducción de los depósitos gasíferos entre 2005 y 2006, que bajaron de 52 TCF a 47 TCF, es decir, que estos datos corresponden a antes y después de la nacionalización.
Asimismo, también se puede evidenciar algunas capturas de información que cursaba en páginas informativas como jornada.net, que hace referencia a una nota publicada en 2006 por APG, bajo el título: “Reservas de gas natural y petróleo serán certificadas en enero del 2007”. El entonces presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, hace referencia que las reservas debían ser certificadas nuevamente, debido a que, en el mes de mayo del año anterior, la estatal petrolera había cancelado el contrato suscrito con la compañía norteamericana DeGolyer, porque se descubrió que había estado distorsionando las cifras del volumen de los reservorios.
Frente a esta situación, Gareca recomendó a la Gobernación de Tarija poner a trabajar a su equipo técnico para que pueda recabar la información necesaria, y hacer las representaciones a nivel nacional para defender los intereses del departamento, exigiendo la realización de un nuevo estudio, con una empresa más confiable.
