(Página Siete – 22-02-2023) El actual Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) utiliza “guante blanco e incluso ni siquiera los toca” a sus partidarios implicados en al menos siete casos de corrupción, entre ellos la ABC, “ambulancias fantasmas” y otros, pero aplica “mano dura” contra los opositores, denunciaron asambleístas, activistas, analistas políticos.
“Sin duda, el MAS usa guante blanco incluso ni siquiera los toca a quienes son denunciados por corrupción. Ha pasado un año desde que hemos denunciado el caso de las 41 ambulancias y ahora nosotros estamos siendo procesados por el Gobernador (potosino, Jhonny Mamani)”, se lamentó el asambleísta departamental opositor de Potosí, Jaime Flores. El 16 de febrero, Flores asistió a su primera audiencia por el delito de difamación contra Mamani, que tiene entre sus testigos de cargo al expresidente Evo Morales.
En 2021, Flores denunció la compra irregular de 41 ambulancias por 20,5 millones de bolivianos por parte del gobernador Mamani, que en principio recibió detención domiciliaria. El 28 de enero, la Fiscalía debía presentar la acusación formal contra Mamani, no obstante solicitó un plazo de seis meses.
Impunidad para partidarios
Ante ello, Lizeth Beramendi, representante departamental del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Cochabamba aseguró que el actual Gobierno “deja en la impunidad a quienes son de su partido”.
“Ya no son fiscales los que ejercen justicia, los fiscales son operadores de la dictadura y los bolivianos estamos totalmente huérfanos de una justicia independiente. Los procesos penales se manipulan en contra de los opositores”, aseveró Beramendi.
En Cochabamba esperan que finalmente este 9 de marzo se reanude el juicio oral contra el exalcalde del MAS Edwin Castellanos (2010-2015) para que rinda cuentas por el colapso de un puente que se construyó en 2014 durante su gestión. El caso penal es de 2015 y se reactivó en la gestión de Luis Arce, pero no termina de instalarse.
“A mis amigos, todo”
Rolando Schrupp, analista político, cree que el MAS aplica la frase: “A mis amigos, todo y a mis enemigos, la ley”.
“No se utiliza la justicia para buscar la justicia, sino para imponer agendas políticas. La justicia se la maneja como si fuera una comisaría política, hemos vuelto al control político del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) de la década de los años 50, antes cuando todo se hacía a bala”, puntualizó Schrupp desde Santa Cruz.
Este tema cobra importancia porque este miércoles debía iniciarse el juicio oral contra el excívico, Rómulo Calvo, por el “ultraje a la whipala”, ocurrido el 24 de septiembre de 2021, pero fue suspendido hasta el 8 de marzo, sin embargo el exlíder expresó su pesimismo ante el nuevo proceso penal. “Decirles que no tengo muy buenas expectativas, porque los jueces y fiscales son funcionales al Gobierno”, refirió Calvo.
Otros cinco casos
A las denuncias de corrupción por la compra de 41 ambulancias y del puente caído del exalcalde Castellanos reactivado en el actual Gobierno pero que no avanza, se suman otros cinco casos, entre ellos el del soborno millonario en la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras).
El 8 de febrero, el diputado del MAS Héctor Arce pidió a la Fiscalía que investigue a las “cabezas”, dentro del caso ABC, al considerar que altas autoridades son parte del esquema de soborno de 18 millones de bolivianos para la adjudicación de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez. Arce denunció que existe “protección” de parte del actual Gobierno, sin embargo el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, rechazó aquel extremo.
El año pasado, se conocieron también denuncias en contra del ministro de Minería, Ramiro Félix Villavicencio, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y el uso indebido de influencias tras la posesión irregular de los responsables de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). En el caso, que fue denunciado por el Conade Cochabamba, estuvieron implicadas las exdirectoras de esa instancia: Brenda Lafuente y Carmen Nilza López.
El quinto caso de corrupción se refiere al exministro de Educación, Adrián Quelca, que estalló en julio de 2021, cuando la entonces viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, denunció el caso de “tráfico de exámenes”.
Si bien, Quelca renunció a su cargo en noviembre del mismo año, el 7 de febrero de este año, el abogado Abel Loma, denunció que el proceso no avanza desde 2022, por supuestos favores de los que se beneficiaría el imputado Agustín Tarifa, exdirector de Educación Superior, cuya hermana, según Loma “trabaja en el Consejo de la Magistratura”.
Quelca fue sobreseído por incumplimiento de deberes, pero aún es investigado por asociación delictuosa.
El sexto caso sucedió el 28 de octubre de 2021, cuando unos 70 campesinos afines al MAS atacaron a un grupo de 17 periodistas, trabajadores agrarios y policías en Las Londras, en Ascensión de Guarayos. La comisión iba a evidenciar un caso de tráfico de tierras y entre los aprehendidos fue identificada una persona con vínculos con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz.
Corrupción en Bolivia
El séptimo caso fue hecho público en septiembre de 2022. En esa oportunidad, los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Aldo Terrazas y del MAS Anyelo Céspedes denunciaron “indicios de corrupción en AEVivienda, que no entregó 2.221 viviendas sociales construidas por el Gobierno” y que además “cobran coimas” para que las constructoras se adjudiquen obras en Santa Cruz. En ese momento, Juan José Espejo, director de la estatal, atribuyó la tardanza a los trámites bancarios y que por ello trabajan en una norma para flexibilizar el papeleo.
A fines de enero de 2023, se conoció el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado por Transparencia Internacional. El ranking ubica a Bolivia en el puesto 126 entre 180 países, con una