HOYBOLIVIA.COM – 01-12-2024
Y por quién o quienes votaremos los bolivianos, este 15 de diciembre del 2024 en la tercera versión de las elecciones judiciales?. Y la respuesta es: Porque nada cambie, pues los magistrados constitucionales autoprorrogados, quienes, como dice el Chapulín Colorado, con su astucia, tienen todo fríamente calculado para no ceder, eso que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, llama “el demonio de los hombres”, que es la borrachera del poder.
Esa es la explicación por la cual se realizarán elecciones parciales, pues inclusive desobedeciendo un mandato del Senado que los cesó en sus funciones, con la posibilidad de influir en los retos o cumplimiento de directrices políticas que les manden, como aparentemente ha estado ocurriendo; en el Tribunal Constitucional (TCP), como si fueran el Jisunú del poder, tres de ellos permanecerán en sus cargos y se elegirán otros cuatro, de los siete miembros, en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, y Chuquisaca.
Este TCP ha escrito parte de la historia de Bolivia. En el 2017, autorizó la reelección indefinida del presidente Evo Morales, argumentando un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Bolivia hace parte, que concede el derecho a un jefe de Estado a ser elegido sin límite, no obstante que en el año 2016 un referéndum supervisado por el Tribunal Supremo Electoral, certificó el rechazo a la reelección, con más del 51% de votos.
Posteriormente, este 8 de noviembre del 2024, el mismo Tribunal Constitucional difundió una sentencia que en un giro de 360 grados, no solo confirma la inhabilitación de Evo Morales de postularse a la presidencia que ya había sido fallada previamente, sino que la amplía para impedirle ser vicepresidente o presidente de las Cámaras legislativas.
Se trata de asuntos de Estado y de gran relevancia para Bolivia. Asimismo, en el 2019, este TCP avaló la sentencia constitucional 0003/01 del 31 de julio del 2000 y declaró legal la posesión por sucesión, de la entonces segunda vicepresidente del Senado, la opositora al socialismo, Jeanine Añez, a la presidencia del Estado, justificado por la vacancia o vacío de poder, tras la renuncia del presidente Evo Morales, del Vicepresidente Alvaro García Linera y de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.
Posteriormente en otro giro de 360 grados declaró ilegal el nombramiento de Jeanine Añez en el cargo, cuando el socialismo, de la mano del presidente Luis Arce ganó las elecciones y entablaron un juicio de responsabilidades por ”golpe de estado”, que han provocado su detención desde el 12 de marzo del 2021.
Otro de los fallos en el que el TCP aparece modulando temas políticos ha sido la sentencia (1021/2023) que indica que el vicegobernador Mario Aguilera jure como gobernador de Santa Cruz, en reemplazo del gobernador Luis Fernando Camacho, a quien dicho sea de paso, le han declarado improcedente varias demandas de acción de libertad, fundamentadas en que se trata de una autoridad electa y que no fue notificada con el inicio del proceso, antes de ser privado de su libertad.
“Piensa mal y te irá bien”, nos decía el veterano analista político Cayetano Llobet, en una de las clases que nos impartía y si estuviera vivo, en esa lógica diría que, con la ayudadita del TCP el gobierno central neutralizó a sus tres adversarios: Evo Morales, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez.
Pero hay más. Luego del piropo que lanzara el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en el sentido que estos años se sentía “más cómodo gobernando con el presidente Arce que con Evo”, el TCP, este 22 de junio del 2023, anuló 12 procesos judiciales que le seguían y ahora aparece como candidato a la presidencia para este 2025.
El tema de fondo es que en estos tiempos de vacas flacas, sin dólares, con colas por combustible y los precios de la canasta familiar por las nubes, estas elecciones parciales les costarán Bs.183 millones al Estado e iremos a las urnas obligados a votar por candidatos habilitados con “chanchulios” al Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental y que van confiados en una especie de suerte sin blanca, porque los votos nulos o blancos solamente sirven para la estadística, porque ellos pueden ser electos aunque sea con un voto.
E iremos convencidos que nada cambiará y que si el jurista romano Ulpiano, viviera, volvería a su ataúd, si supiera que en Bolivia, el concepto de justicia, es decir “dar a cada uno lo que en derecho le corresponde” está lejos de cumplirse y que la solución es enterrar este sistema funesto de elegir a los altos magistrados, modificar la Constitución Política del Estado y elegirlos por vía meritocracia, como ocurre en casi todo el mundo.
*Periodista
