EL DEBER – 17-11-2023
Ser opositor en Bolivia se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Se contabilizan 200 presos políticos, según la Asociación de Familiares de Perseguidos y Presos Políticos, aunque el Gobierno boliviano insista en negar la situación. En los últimos días, la Justicia ordenó la detención domiciliaria sin salida laboral del alcalde de La Paz, Iván Arias, por una denuncia de supuesta violencia política contra una subalcaldesa, destituida de su cargo en 2021. La determinación judicial fue observada por líderes políticos que ven afanes masistas (partido oficialista) que buscan tomar el poder del municipio paceño.
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Desde el 19 de noviembre de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2022, unas 200 personas que participaron en las movilizaciones sociales que se vivieron en 2019 y las que acompañaron a Jeanine Áñez en su paso por la Presidencia de Bolivia fueron aprehendidas. Entre ellos está el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La mayoría de los impedidos de libertad son procesados por los casos Golpe I y II y otra veintena de delitos que, a juicio de activistas en derechos humanos, es una persecución política evidente.
Y en las últimas horas este tema toma mayor relevancia luego de que el pacto político entre senadores “evistas” y las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos –que permitió la reelección de Andrónico Rodríguez en el Senado- reconociera que en Bolivia hay “presos políticos”. Esta situación pone en riesgo la adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur). La cláusula democrática, que es una condición para que un país se una al bloque, exige que los miembros del Mercosur mantengan las instituciones democráticas en pleno funcionamiento, lo que es inconsistente con la sospecha de que Bolivia mantiene presos políticos, observó el senador de Brasil, Sergio Moro.
