El ministro de Gobierno aseguró que el caso se maneja en reserva debido a que no quiere alertar a los investigados. La autoridad dijo que los indagados son las personas que realizaron movimientos bancarios durante el conflicto de 2019
(El Deber – 08-01-2023) El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que existe una investigación contra personas que realizaron movimientos bancarios durante los hechos de 2019. La autoridad no dio nombres porque -dijo- sería alertarlos para que salgan del país. En la oposición y el movimiento cívico consideran que existe persecución política y critican que la Fiscalía responda a instrucciones del poder político.
Del Castillo admitió que el tema está en reserva. Se investiga -dijo- a quienes supuestamente financiaron las movilizaciones en 2019 y apuntó al entorno del gobernador Luis Fernando Camacho, hoy detenido de manera preventiva en la cárcel de Chonchocoro. Solo lanzó un nombre, el de Miguel Ángel Navarro, de quien dijo es un ciudadano argentino y muy cercano a la autoridad cruceña.
“Este es un tema que hasta ahora lo estamos mantenido en reserva, no queremos que otras personas que están siendo investigadas por movimientos sospechosos durante el golpe de Estado, que hubiese financiado parte del golpe de Estado, puedan escapar de nuestras fronteras. Queremos que estos sujetos de manera voluntaria se vayan presentando ante las instancias correspondientes, presten su declaración ante el Ministerio Público y esto nos llevará a acelerar los tiempos para darle una verdad al pueblo boliviano”, reveló Del Castillo.
El ministro se refiere al caso “Golpe I” y detalló que se solicitará la ampliación de delitos contra Camacho por la presunta comisión de cohecho activo y seducción de tropas en base a los movimientos bancarios que se detectaron en su cuenta durante la crisis de 2019.
Del Castillo dijo que Camacho recibió en tres días 99.000 bolivianos de parte de su padre y su hermana. Pero también dijo que Navarro le mandó dinero. Además, involucró al excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros, de quien dijo recibió dinero por parte de Camacho en los días de crisis de 2019.
“Recién a dos años de haberse admitido la denuncia (…) esto es tan solo una parte de la investigación. Los datos que hemos exhibido es una minúscula parte de los movimientos financieros que se dieron en 2019, evidentemente, Luis Fernando Camacho es el principal investigado y otro de sus personeros, Miguel Ángel Navarro”, manifestó la autoridad.
Luego añadió que “los movimientos de Luis Fernando Camacho deben investigarse mínimamente por cohecho activo y seducción de tropas, porque hemos visto depósitos al excomandante de la Fuerza Aérea (Terceros), y por cohecho activo, nadie puede sobornar en nuestro país a un funcionario público y mucho menos si está a cargo de la seguridad interna del país”.
Cívicos y Conade
La respuesta a Del Castillo fue tajante. Los cívicos del país y el Comité Nacional de Defensa de la. Democracia (Conade) coinciden en que el anuncio de Del Castillo es una muestra de “persecución política” contra quienes fueron parte del paro cívico y las movilizaciones de 2019.
“Estamos convocando a una movilización el 10 de enero en defensa de la democracia. Si el ministro (Del Castillo) anuncia que hay una lista de personas investigadas y pide que no salgan del país es una muestra más de la persecución política y judicial que hay contra los líderes y personas que fuimos parte del movimiento cívico y ciudadano de 2019. El ministro exige a la Fiscalía acelerar la investigación porque hay miedo a que (los investigados) salgan del país. Es otra muestra de que la Fiscalía está sometida al poder político del Gobierno”, cuestionó Manuel Morales, del Conade.
Mientras, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, agradeció las diferentes movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país en apoyo a Santa Cruz e invocó a asumir medidas de presión para que el Gobierno detenga la hostilidad que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos.
El líder cívico dijo no sentir temor si es que el Gobierno lo investiga y también remarcó que existe una persecución política contra quienes fueron parte de las movilizaciones de 2019, cuando Evo Morales renunció y salió de Bolivia rumbo a México.
“El Gobierno intenta dividir, sin éxito, al pueblo boliviano con su discurso de odio y haciendo énfasis en la diferencia de clases sociales para generar resentimiento contra el modelo de libertad y democracia”, criticó Calvo.
Por su parte, el vocero del Comité Cívico de Oruro, Dennis Vallejos, consideró que el Gobierno comete una persecución contra personas que no comulgan con su discurso. El dirigente anunció que mañana habrá una movilización en la capital orureña exigiendo la libertad de “presos políticos”.
“Hay persecución política y judicial contra quienes fuimos parte de las movilizaciones cívicas de 2019. Nosotros denunciamos fraude y por eso ahora nos persiguen, nos amedrentan. No vamos a caer en la lucha y seguiremos adelante. Oruro está vez se unirá exigiendo la libertad de presos políticos y en defensa de la democracia”, afirmó Vallejos.
Sobre el tema, el diputado Juanito Angulo, de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que no existe persecución y dijo que la justicia hace su trabajo respecto a los hechos de 2019.
“Es el trabajo de la Fiscalía. Hay independencia y la Fiscalía está haciendo su labor. No se puede gritar que hay persecución cuando la mayoría de los golpistas están libres”, criticó Angulo.
Pedido a la Fiscalía
El ministro Del Castillo pidió a la Fiscalía agilizar su trabajo en la investigación referida al denominado caso “Golpe de Estado I” y cuestionó que esta institución haya demorado dos años en emitir la orden de aprehensión contra el gobernador Camacho.
“El señor (Luis Fernando) Camacho ha sido requerido por la justicia en la gestión 2021, actualmente nos encontramos en la gestión 2023. Esperemos que, en un menor tiempo, no en dos años más, podamos conocer lo que sucedió en 2019. Necesitamos evitar que sigan movilizando grupos delincuenciales para buscar la impunidad no solo de una persona, que estuvo involucrada en al menos la comisión de dos delitos. Esperemos que el Ministerio Público agilice su investigación”, dijo Del Castillo.
La mayoría de las 33 pruebas presentadas por la Fiscalía, tras la captura del gobernador de Santa Cruz, para llevarlo a la cárcel de Chonchocoro son recortes de prensa, el contenido de un libro y cartas. Entre las pruebas presentadas en la cautelar destaca el memorial de la denuncia de la exdiputada Lidia Patty contra el gobernador, la misma que fue copiada por los fiscales casi textualmente para la audiencia de medidas cautelares.
Sobre las actuales manifestaciones que hay en Santa Cruz, Del Castillo detalló que existen 85 personas aprehendidas, de las cuales 26 ya tienen sentencias, 24 están con detención preventiva y 35 ciudadanos fueron beneficiados con medidas sustitutivas.
