En la actualidad, según un reporte de Régimen Penitenciario, en el país existen 24.824 personas privadas de libertad, de las cuales 18.035 están en las cárceles de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
(Página Siete – 07-02-2023) Las cárceles bolivianas tienen una capacidad para albergar a 6.765 personas privadas de libertad, pero en la actualidad en estos centros viven 24.824 presos, entre varones y mujeres, es decir 18.059 personas por encima de lo previsto. Esta situación representa un hacinamiento del 366%.
Una de las principales causas de este incremento es “el exceso de abuso de la detención preventiva”, hecho que contribuye a la crisis del sistema carcelario, según el último estudio de la Defensoría del Pueblo “Volcar la mirada a las cárceles”.
Según un reporte del Ministerio de Justicia de febrero de 2021, “las cárceles del país cuentan con una capacidad carcelaria para albergar a 6.765 privados de libertad”. En ese entonces se tenía un incremento del 167% con 17.863 presos en todo el país.
En los dos últimos años esa cifra fue en aumento, llegando a reportarse hasta febrero de este 2023 a 24.824 encarcelados en los nueve departamentos, según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario a los que tuvo acceso Página Siete.
Santa Cruz es el departamento que concentra a más presos con 9.028, de los cuales 8.529 son varones y 499 son mujeres. Esta cifra representa el 36% del total.
En segundo lugar está La Paz con 5.586 privados de libertad, de esta cifra 5.189 son varones y 397 son mujeres. Esta cifra representa el 22,5%.
En tercer lugar está Cochabamba con 3.421 presos, de los cuales 3.193 son varones y 228 son mujeres. Esta cifra total representa al 13,8%.
En Tarija se registran 1.531 personas privadas de libertad, de ellas 1.458 son varones y 73 mujeres. El total representa el 6% a nivel nacional.
Oruro está en el quinto lugar con 1.479 presos, de los cuales 1.282 son varones y 197 son mujeres. Esta cantidad representa el 5,9% del global.
Potosí está en sexto lugar con 1.238 presos, de los cuales 1.155 son varones y 83 son mujeres. La cantidad refleja el 4,9%.
Beni es el séptimo departamento con 1.090 presos, de los cuales 1.054 son varones y 36 mujeres. Tiene un total del 4%.
En Chuquisaca se reportan 930 personas privadas de libertad, de ellas 886 son varones y 44 mujeres. Este monto representa un 3,7% a nivel nacional.
Pando es el departamento que reporta la menor cantidad de reclusos con 521 personas, de las cuales 492 son varones y 29 mujeres. Esta cifra representa el 2% del total.
Crisis carcelaria
El informe de la Defensoría del Pueblo “Volcar la mirada a las cárceles” de 2018, que es el último reporte sobre el tema, identifica que una de las principales problemáticas que ha contribuido a la sobrepoblación carcelaria en Bolivia es “el exceso del abuso de la detención preventiva”, lo que contribuye negativamente en la crisis del sistema penitenciario.
Este reporte de 2018 indica que “del 100% de la población privada de libertad, el 69,92% corresponde a detenidas y detenidos preventivos. Y el 30,08% a las y los que cuentan con sentencia condenatoria”.
En ese marco ve también “inadecuadas condiciones de habitabilidad” en los centros penitenciarios de los nueve departamentos del país, sin excepción. “Esta realidad de infraestructura insuficiente genera que materialmente las personas privadas de libertad no tengan espacios para descansar, sentarse o dormir, debiendo pasar noches en patios, pasillos, cocinas, entretechos, baños y gradas. Consecuentemente, el acceso al agua, salud, educación y trabajo, entre otros, se ven vulnerados”.
¿Existe seguridad en las cárceles? De acuerdo con este informe de la Defensoría, si bien los recintos cuentan con seguridad interna y externa, la misma no es proporcional a la cantidad de población carcelaria, consecuentemente el control de las zonas perimetrales es limitado y la seguridad interna está a cargo de los propios privados de libertad, incluso en los centros de alta seguridad donde (los internos) “tienen que comprar a sus pares seguros de vida a fin de resguardar su seguridad”.
Otra arista de la crisis carcelaria es que el personal que está a cargo “no es capacitado ni especializado”, en referencia al personal policial que además de todo siempre está sujeto a constantes cambios de lugar de trabajo, según la investigación. “(…) Los efectivos policiales son destinados a cumplir funciones en los establecimientos penitenciarios como una forma de castigo, evidenciándose incapacidad de control y custodia efectiva”, agrega.
