(El Deber – 30-05-2022) Las exautoridades universitarias y algunos docentes reconocieron que un proceso universitario y penal contra los exmiembros del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) no hubiera a prosperado porque el encarcelado Max Mendoza y sus allegados tenían respaldo del Gobierno del MAS. Incluso, habrían gozado de poder económico y organizativo dentro de la universidad. Afirmaron que el ‘eterno’ dirigente estudiantil no actuó solo, sino contaba con la venia de algunos rectores. También habría amenazado y activado procesos ordinarios contra los estudiantes que alertaban de sus presuntas irregularidades.
“Lo que impedía una acción legal contra él (Max Mendoza) era la protección política que tenía del Gobierno porque no es ningún secreto decir que él era un agente del MAS y del Gobierno, era muy allegado a Evo Morales. Era un operador político en la universidad”, afirmó el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, en contacto con EL DEBER.
En 2019, el exministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta lo retó a iniciar un proceso contra el estudiante luego de avalarlo en su carta de respuesta. Albarracín manifestó que en ese momento desconocía las resoluciones, inconsultas y sin homologar, que autorizaban el pago de salarios a Mendoza. En ese caso, afirmó que sí habría iniciado una demanda.
Los pagos y asignaciones de recursos del CEUB provienen del Tesoro General de Nación (TGN) y no de las universidades. En ese sentido, advirtieron que más allá de la responsabilidad penal de los otros miembros del CEUB, Roberto Bohórquez y Rodrigo Rodríguez quienes viabilizaron un salario de Bs 21.870 a Mendoza, existe una responsabilidad de las instancias gubernamentales, como el Ministerio de Economía que admitió la salida de recursos.
Sobre la posibilidad de iniciar un proceso universitario por las presuntas irregularidades, el docente Guido Zambrana reveló que el expresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) no actuaba solo, sino que contaba con la aprobación de algunos docentes y autoridades universitarias. Añadió que poseía una red económica y organizativa en todos los niveles de la universidad.
“Contaba con una estructura de poder muy fuerte porque tenían, sobre todo los estudiantes, recursos económicos abundantes producto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se han transferido a las federaciones universitarias y dirigencias. Eso permitió que se constituya una verdadera red de gestión en el sistema a todo nivel. A nivel estudiantil se los sobornaba, se los financiaba o se los amenazaba. A muchos que han cuestionado elecciones mal hechas, la respuesta ha sido llevarlos a la justicia ordinaria o hacerles procesos. Había amenazas o uso de la justicia, todo eso que hace a las estructuras corruptas en cualquier lugar”, afirmó el también delegado docente en el XIII Congreso de Universidades de la UMSA.
El catedrático relató que desde el año pasado empezaron a circular de forma no oficial papeletas de pago y las resoluciones que avalaron a Max Mendoza, de 52 años. Coincidió con Albarracín y aseguró que en la universidad desconocían las determinaciones arbitrarias de los exmiembros del presídium.
Advirtieron que con el exdirigente estudiantil en la cárcel no está resuelto el problema. Zambrana dijo que el “fenómeno Mendoza”, incluso salió más fortalecido en el encuentro de universidades al escoger un CEUB en medio de observaciones y denuncias contra delegaciones que no habrían sido democráticamente elegidas.
Tribunal de Honor de la UMSS
El docente de la UMSS Roberto Fernández dijo que una alternativa para resolver las denuncias contra Mendoza, que datan desde 2013 según el exdirigente estudiantil Alejandro Mostajo, hubiera sido llevarlo ante el Tribunal de Honor. Sin embargo, contó que esta instancia no existe hace 20 años en la universidad cochabambina.
“No tenemos Tribunal de honor hace 20 años. Yo desde el año pasado estoy peleando en el Consejo Universitario para formar eso. Ya hicimos un taller. Estamos discutiendo quiénes deben conformar el Tribunal. Deben ser principalmente neutrales y transparentes. Deberían participar los mejores estudiantes elegidos por méritos al igual que los docentes”, expresó preocupado el rector de la UMSS, Julio Medina.
La autoridad prevé llamar en junio a Concejo Universitario para aprobar el Tribunal de Honor que no solo tratará el caso de presunta corrupción en el CEUB, sino para conformar un comité electoral universitario independiente.
Expulsión de Mendoza
Un grupo de rectores anunció que el universitario Mendoza, junto a Bohórquez y Rodríguez, habían sido expulsados del sistema universitario. Sin embargo, aún no existe una resolución ni tampoco el Congreso de Universidades definió si se llevará adelante o no un proceso universitario.
Por el momento el recién posesionado CEUB, a la cabeza del catedrático potosino Freddy Mendoza, manifestó su intención de hacer una auditoría desde 2018.
En la Comisión de Política Institucional del Congreso se planteó realizar una auditoría externa no solo desde 2018. También se propuso llegar a las personas que aprobaron más de 64 resoluciones firmadas por Mendoza avaladas en la Conferencia de Universidades con la venia de los rectores, presidentes de federaciones y dirigencias estudiantiles.
Para Zambrana, en el XIII Congreso no se emitió una respuesta que la población esperaba sobre las muertes de estudiantes, la crisis universitaria y el caso del universitario ahora imputado por la justicia.
