Página Siete – 27-05-2022
Max Mendoza, luego de 33 años de estudios (aunque eso es mucho decir), al fin salió de la universidad, pero expulsado. Durante su estancia reprobó 200 materias y en 100 de ellas obtuvo cero. No es que su inteligencia estuviera atrofiada, sino que el longevo estudiante tenía objetivos políticos más que académicos.
Tuvieron que morir cuatro estudiantes de la Universidad Tomás Frías, de Potosí, para que se descubriera que Mendoza no solo era operador del MAS en el sistema universitario, sino que ejercía un cargo para que él no estaba acreditado y, lo que es peor, recibía un sueldo del Estado de casi 22 mil bolivianos, pese a que el puesto en cuestión, según el estatuto universitario, no debía ser remunerado.
Los trágicos hechos de Potosí ocurrieron debido a las maniobras de Max Mendoza y su camarilla, que querían evitar que se celebraran elecciones de la FUL para que esto no obligara a renovar también la dirigencia de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), de la que Mendoza era el máximo dirigente. El prorroguismo, al parecer, no es un mal únicamente del expresidente Evo Morales, sino también a sus adláteres, porque hay que recordar que Mendoza hacía campaña electoral por el expresidente y hasta coordinaba directamente con sus ministros.
Mendoza, sin embargo, no solo cobraba ilegalmente un jugoso sueldo desde 2018, sino que hacía viajes como si de un diplomático se tratara, con viáticos bien pagados con el dinero del Estado. A eso hay que agregarle que administraba una millonaria suma de dinero en el cargo que ocupaba. Las autoridades han dicho que está siendo procesado por usurpar un cargo que no le correspondía y por haber cobrado 1,5 millones de bolivianos en salarios indebidos, sin embargo, la cifra total de sus malos manejos está todavía por establecerse.
Lo preocupante del caso es que las autoridades universitarias no hayan hecho nada para extirpar este elemento del sistema universitario y que hayan sufrido, así de repente, un ataque de indignación luego de que Mendoza fue enviado a la cárcel y que, en consecuencia, hayan decidido expulsarlo, a él, a un exrrector y a un docente.
Mendoza, sin embargo, no es un caso único. Existe una red de supuestos estudiantes y, por lo visto, también docentes y autoridades universitarias encaramados en la dirigencia con el único fin de medrar de la universidad y de ejercer el poder para beneficio propio. La súbita indignación de los rectores debería llegar a todos los niveles y estamentos en los que existen elementos nocivos para que las universidades sean verdaderos centros de conocimiento e investigación.
