Los ministros Villavicencio, Molina, Montaño, Lima y Pary son observados por sectores sociales movilizados. Los asambleístas del ala radical del MAS Mamani y Venegas critican al Gobierno y piden las dimisiones de las autoridades.
(Página Siete – 13-03-2023) Los ministros de Minería, Ramiro Villavicencio; de Hidrocarburos, Franklin Molina; de Obras Públicas, Edgar Montaño; el de Justicia, Iván Lima, y de Educación, Edgar Pary, son observados por sectores sociales movilizados que tienen siete conflictos encendidos, y hasta por senadores y diputados del ala radical del MAS que piden sus renuncias al presidente Luis Arce.
Tres conflictos en Potosí
“Debe renunciar el ministro de Minería (Villavicencio) y ojalá que coloquen un minero, un potosino que pueda trabajar para el departamento de Potosí o sino uno de La Paz, pero que trabaje”, exigió el senador Hilarión Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), perteneciente al ala radical que el fin de semana ya solicitó también la dimisión del ministro Montaño, de Obras Públicas. El asambleísta nacional cumplió este lunes su séptimo día de huelga de hambre por obras para su región.
“Están mintiendo al Presidente (Luis Arce). En estos últimos días, el Ministro de Obras Públicas bajó a mi departamento para mentir y confundir de que nosotros en nuestra comisión estaríamos retardando proyectos. En mi comisión no existe ningún proyecto”, reafirmó Mamani que exige que el Gobierno entregue proyectos mineros, carreteros y también la aprobación de la Ley de Recursos Evaporíticos.
Esta última demanda del litio tiene movilizado al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que comenzó este lunes un paro departamental de 72 horas con seis puntos de bloqueo. Los potosinos esperan la aprobación de esa ley y ante las medidas de presión, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, indicó el fin de semana a Bolivia Tv que el paro es “un acto antidemocrático”, porque -según la autoridad- se obstaculizará la industrialización del litio. Los movilizados tomaron la semana pasada la planta de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Esa reivindicación también es respaldada por la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí que se declaró defensora del ala radical del MAS y, además, conminó al presidente Arce a convocar a un diálogo.
Este sector también ha pedido la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima, por los procesos penales que se iniciaron contra los que agredieron al exsecretario municipal de Culturas de Uncía, Martín Choque, que en febrero le retiró al silla al exmandatario Evo Morales en un acto municipal, al cual no estaba invitado.
En respuesta a esos tres conflictos en Potosí, la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de Potosí anunciaron en las últimas horas que se movilizarán en defensa del presidente Arce ante las protestas contra el actual Gobierno. “Nos declaramos en pie de lucha”, señala un documento oficial de ese sector citado por la ANF. Este lunes, el presidente Luis Arce recibió en la Casa Grande del Pueblo a una delegación de ese sector minero y agradeció “su férrea posición en la defensa de la democracia”.
Conflicto del magisterio
Por segunda semana consecutiva, la Confederación de Trabajadores en Educación de Bolivia (Cteub) volverá a movilizarse desde este miércoles con el bloqueo de las “mil esquinas”, en demanda de la atención de cinco puntos. Ese es el cuarto conflicto que tiene presionado al Gobierno.
Y si bien, el sector no ha pedido la renuncia del ministro de Educación, Edgar Pary, quien sí lo hizo fue el diputado del ala radical del MAS, Ramiro Venegas, para quien Pary debe irse.
“Hay este problema con los maestros por la malla curricular, pero también temas de corrupción que hacen que él (Pary) no esté haciendo una buena gestión, además tampoco va al diálogo (con los maestros), por eso pienso que está haciendo daño a la educación”, puntualizó Venegas, para quien además deben dimitir los ministros Eduardo Del Castillo, de la cartera de Gobierno; Lima, de Justicia; Montaño, de Obras Públicas y también la titular de Trabajo, Verónica Navia, que a su juicio “ha desaparecido” en estos días de conflicto. Desde el año pasado, el sector evista se mostró crítico hacia los ministros Del Castillo, Lima y también Montaño.
Tres conflictos más en otras regiones
El quinto conflicto se encuentra en Santa Cruz, donde este lunes se registraron bloqueos en la ruta a Yapacaní, por lo que ese departamento quedó incomunicado con el resto del país. Los movilizados exigen al Gobierno y la Gobernación cruceña la construcción de un tramo carretero de al menos 30 kilómetros. Si bien no se sienten representados por ninguna alianza política, la región de Yapacaní cobija a los interculturales.
Estas medidas dejan a las dos carreteras que unen Cochabamba con Santa Cruz totalmente bloqueadas.
El sexto conflicto es en los Yungas, donde la visita del exmandatario Morales a La Asunta puso en apronte a los cocaleros que enterados además de un intento de erradicación de cocales se organizaron para rechazar a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Los yungueños piden que el Gobierno erradique coca ilegal en Beni y el trópico de Cochabamba. Los cocaleros fustigaron en el pasado el rol del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
En las próximas horas, otro conflicto puede activarse entre los mineros cooperativistas, después del anuncio que hizo la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia y otras piden que a Arce, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía suspendan el tratamiento del Proyecto de Ley de Oro de Producción Nacional destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN).
A eso se suma una manifestación de los vecinos de Trinidad, en Beni, que este lunes salieron a marchar contra las tarifas de la energía eléctrica, sector que depende de esa cartera ministerial. “La gente está cansada y ha dicho basta al atropello. Queremos una energía barata, nosotros pagamos por la basura para alumbrado público, por eso pedimos a ENDE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) que nos escuche y si nos escuchan bloquearemos los caminos”, exigió el directivo Edgar Ramos en la capital beniana.
