(Página Siete – 08-08-2022) Diez entidades del Gobierno suscribieron contratos, cuyo monto total suma 7.194.568 de bolivianos, para publicidad y monitoreo en redes sociales (RRSS). La vigencia de los mismos va desde los tres hasta los 10 meses.
Desde el Viceministerio de Comunicación justifican los recursos destinados para la difusión de gestión institucional en las RRSS. Además, hacen referencia a la reducción de los montos, en comparación con gestiones pasadas.
Página Siete accedió a los contratos por servicios de publicidad y monitoreo en redes sociales, en los cuales se detallan las cantidades y los plazos de los acuerdos ejecutados.
Sobre publicidad
El Ministerio de la Presidencia suscribió el contrato de mayor monto, de los analizados. El 25 de febrero, la titular de esa cartera, María Nela Prada, firmó un contrato con la empresa Entel Dinámica para el servicio de difusión en redes sociales y plataformas digitales, que contempla Facebook, Instagram y Google ADS, por seis millones de bolivianos.
“La proveedora prestará el servicio de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta, las especificaciones técnicas, desde la suscripción del presente contrato hasta el 31 de mayo del 2022, o hasta haber agotado el presupuesto asignado de Bs 6.000.000”, se detalla en el documento.
La empresa fue contratada para difundir las siguientes campañas: economía, salud, educación, productividad, transparencia, trabajo, medioambiente, tecnología, cultura, internacional y vivir bien.
El 14 de febrero, el director de asuntos administrativos del Ministerio de Desarrollo Productivo, Javier Loayza, contrató a Entel Dinámica para el “servicio pauta publicitaria en redes sociales y plataformas digitales”, por el monto 250.000 bolivianos. El presupuesto corre desde la fecha señalada hasta el 26 de diciembre, “o hasta agotar el presupuesto”.
El 29 de abril, la entonces directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, suscribió contrato con la empresa unipersonal Act Libitum Producciones para el “servicio de difusión para pauteo e impulso publicitario para cuentas institucionales de la AJAM en plataformas de redes sociales” por 112.500 bolivianos. La vigencia del servicio es hasta el 31 de diciembre.
El Servicio de Impuestos Nacional (SIN) firmó dos contratos para la “difusión de publicidad en redes sociales”. En fecha 9 de febrero, contrató a la empresa Munay por la suma total acordada de 40.050 bolivianos. La vigencia del mismo es hasta la “ejecución total del presupuesto asignado” o hasta 31 de diciembre.
El 24 de febrero, el SIN suscribió un segundo contrato para la “socialización de información tributaria y/o institucional en redes sociales y medios digitales”. La empresa que se adjudicó este proceso fue Entel Dinámica por 100.000 bolivianos. La validez del contrato es hasta la “ejecución total del presupuesto asignado”, o hasta el 31 de diciembre.
El 21 de abril, la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, María Esther Cruz, suscribió contrato con Entel Dinámica para el “servicio de difusión publicitaria en redes”, por 100.000 bolivianos. La vigencia del mismo es hasta el 31 de diciembre o hasta agotar el presupuesto.
El 18 de febrero, la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego, Jéssica Saravia, contrató a Entel Dinámica por 96.000 bolivianos para el “servicio de difusión institucional en redes y plataformas digitales”. La vigencia es hasta el 31 de diciembre.
El 15 de julio, el director general de operaciones de la Autoridad del Sistema de Supervisión del Sistema Financiero, Carlos Colodro, suscribió contrato con la empresa unipersonal Vertiz Blanco Tarifa Julio César para la “difusión de campañas institucionales en plataformas digitales y redes sociales” por 30.000 bolivianos. El contrato concluirá el 31 de diciembre o hasta agotar el presupuesto asignado.
El 29 de abril, el director nacional administrativo financiero de la Agencia Estatal de Vivienda, Christian Calizaya, contrató a la empresa unipersonal Mentalsys para el servicio de “bot responsivo y segmentación de publicaciones en redes sociales”, por 20.616 bolivianos. La vigencia es hasta el 31 de diciembre.
Sobre monitoreo
El Ministerio de la Presidencia hizo la contratación de cuatro consultores para el “monitoreo de redes sociales”.
El 8 de marzo contrató dos profesionales en comunicación, uno por la suma total de 27.174 bolivianos y otro por 46.332 bolivianos. Ambos deben prestar servicio por el lapso de seis meses
El 1 de abril, empleó a otro profesional por 46.332 bolivianos y por seis meses. El 19 de abril fue contratada una comunicadora por 48.342 bolivianos, por siete meses.
La Vicepresidencia hizo la contratación de dos profesionales para el monitoreo en redes sociales. La primera contratación data del 25 de enero por la suma de 30.888 bolivianos y por cuatro meses. Respecto a la segunda, la persona fue contratada el 15 de febrero por la suma de 46.332 bolivianos, por seis meses de trabajo.
El 2 de marzo, el Ministerio de Economía contrató a la empresa “Informe C” para el monitoreo de noticias en medios televisivos, radiales y plataformas virtuales por la suma de 200.000 bolivianos. La vigencia del servicio es hasta el 31 de diciembre.
Incidencia, tendencia
El consultor en tecnología en la información en la Agencia Bithumano Marcelo Durán indicó que el gasto en difusión de publicidad en redes sociales que hacen las instituciones, en especial el Ministerio de la Presidencia, no justifica, puesto que no se ve que sus campañas tengan incidencia en los usuarios.
“No hay una relación entre los montos gastados y los resultados, no se ve que generan tendencia las campañas. El mismo monto podrían distribuirlo en otros recursos y otros canales. Ahora, en redes no solo se trata mostrar mensajes de gestión. Por ejemplo, el gasto que hace la Presidencia de seis millones de bolivianos, en solo tres meses, es exagerado y ha sido distribuido de mala manera, porque no genera discurso y tendencia en redes sociales”, enfatizó.
Con referencia a las consultorías para monitoreo de redes sociales, Durán señaló que actualmente para la comunicación digital ya no contratan personas para esta labor, esto debido a las aplicaciones de medición que existen, que son muy precisas.
El politólogo Manfredo Bravo manifestó que no se puede hablar de publicidad de institucional, sino de “propaganda gubernamental”, la cual le cuesta “mucho dinero al Estado”.
El analista considera que las campañas del Gobierno no generan el alcance que desean, puesto que este espacio es muy segmentado y las personas pueden optar por “saltar los spots o flayers”.
“La austeridad en el caso de la propaganda con el MAS, en sus gobiernos, siempre ha sido solo un discurso, porque uno de los gastos más fuertes que tiene el Gobierno en materia de gestión debe ser el tema de propaganda gubernamental. Se despilfarra recursos, otro tipo de acciones que le generarían, incluso, más rédito al Gobierno”, sostuvo.
Austeridad
El director de Políticas Comunicacionales del Viceministerio de Comunicación, Enrique Pomar, afirmó que los montos erogados son austeros en comparación con años anteriores. A su vez, la autoridad enfatizó en que la comunicación cambió, por lo cual las redes sociales son espacios importantes para hacer conocer los avances y logros de la gestión gubernamental.
“Como Viceministerio de Comunicación podemos informar que en líneas generales nos encontramos en una época de austeridad y eso se refleja en la reducción de los montos destinados a publicidad, en comparación con gestiones pasadas. En segundo lugar, todo Gobierno necesita difundir su gestión, sobre todo cuando hablamos de temas tan importantes como la salud, educación y economía, entre otros. Y, finalmente, así como la comunicación, la publicidad está pasando por una serie de cambios, donde llegar a través de plataformas sociales se convierte en algo fundamental”, afirmó Pomar.
El senador del Movimiento Al Socialismo Luis Adolfo Flores declaró que los montos para publicidad en redes sociales son razonables. El legislador agregó que en este caso no puede hablarse de “gastos”, sino de inversión, porque es para informar a la población sobre temas económicos y de salud.
“Es la obligación del Gobierno nacional informar sobre las políticas públicas, hay varias redes sociales y el monto es razonable. Todo lo que es informar en beneficio de la población es una inversión. Los costos son justificados, ahora con Entel se llega hasta el último rincón del país con internet, pero también hay que ver los recursos de otras municipios y gobernaciones y no solo medir al Gobierno nacional”, complementó el oficialista.
